1 agosto 2012
Con absoluto desafecto democrático vemos como no se respeta la privacidad de los ciudadanos, ni en materia de salud. Somos puras mercancìas en los pactos PP- empresas que quieren hacer su agosto con nuestra salud. Están trasladando a meros actos administrativos funciones de todo tipo para nuestras dolencias; nuestros asuntos más íntimos se han permitido airearlos a los cuatro vientos, con permanente incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de la que deberían ser los albaceas más celosos. Empresas privadas, sin mediar razón alguna, se encargan de nosotros admitidas por la Comunidad de Madrid, en nuestra zona. E incluso nos invaden en casa gentes que no conocemos, que no queremos, que no deseamos que nos atiendan, ni que nos cuiden…porque nuestra salud la manejamos nosotros y sin embargo se ha entregado a unos mercaderes a los que ni siquiera nos han presentado. Sirva este comienzo como denuncia real desde los usuarios, denuncia contrastada, de lo que enSanidad empieza a ser un escándalo: la entrega sin más de datos privados, los nuestros, que debemos empezar a denunciar, porque afectan a nuestra intimidad. La Sanidad es algo muy serio que no saben gestionar; su destrozo traerá pésimos resultados sociales, de lo que se hace eco este artículo bien fundamentado.
LA SANIDAD, TRAS LOS ÚLTIMOS RECORTES
por Manuel Peleteiro
Médico y Miembro del Observatorio SSPP-Attac Madrid
Médico y Miembro del Observatorio SSPP-Attac Madrid
El Sistema Nacional de Salud se origina a partir de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos, consagrados en la Constitución Española. Sus características de financiación pública, universalidad y gratuidad en el acceso, unidas a la calidad y seguridad de sus prestaciones, han reportado enormes beneficios al conjunto de la sociedad. Podemos identificar la atención a la salud como uno de los principales instrumentos de las políticas redistributivas de la renta entre los ciudadanos españoles: cada persona aporta impuestos en función de su capacidad económica y recibe todo tipo de servicios sanitarios, simplemente, en función de sus necesidades de salud. Ha permitido una mejora progresiva de todos los indicadores de salud, que proporciona una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Todo ello infunde a la atención sanitaria un potente valor en la cohesión social, porque una población sana es requisito imprescindible para el bienestar y la prosperidad.
La sostenibilidad del Sistema hace tiempo que es objeto de debate. Con la excusa de la crisis económica nos encontramos con una aceleración en determinadas medidas que ya se habían iniciado previamente, las cuales se presentan como necesarias “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones” según se enuncia en el Real decreto-ley 16/2012 de 20 de abril. Estas medidas consisten en recortes del gasto público y reformas estructurales, basadas en incrementar privatizaciones de la provisión de los servicios sanitarios, procurando una mayor eficiencia, aunque consiguen lo contrario.
A una política de recortes generalizados se ha sumado de forma precipitada el RDL 16/2012, rompiendo con el modelo establecido en la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública que se logró tras un largo debate y con amplio consenso, que supone una contrarreforma sanitaria. Para exponerlo me haré eco del análisis crítico del RD realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), sobre algunos de sus artículos expone: “ El primero es acabar con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer paso, todavía en el terreno declarativo, que puede avanzar hacia un sistema dual en que las personas con más recursos obtengan la atención de seguros privados (más o menos subvencionados con fondos públicos) dejando al resto de la población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficiencia. El segundo es una actitud xenófoba que pretende dejar fuera de la atención sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido, como son los inmigrantes no regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un colectivo en franca disminución por la crisis y cuya presión sobre el sistema asistencial es muy pequeña y que, por lo tanto, produce un gasto muy reducido, y a los que se obliga a saturar más aún los servicios de urgencias. El tercero es que, a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el supuesto impacto del “turismo sanitario”, éste no ha sido acreditado más allá de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no pertenecen al grupo anteriormente señalado. El cuarto es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a penalizar extremadamente dificultándose y, en muchos casos, impidiéndoles en la práctica el acceso a prestaciones sanitarias que son indispensables para su salud”. Es inevitable pensar que los recortes continuarán si atendemos a las malas perspectivas económicas. Las medidas adoptadas no conseguirán el ahorro esperado que sólo consistirá en pasar la factura al bolsillo del paciente, existiendo alternativas eficaces para reducir el gasto de forma racional, que suponen incluso mejoras en la calidad, pero éstas no se contemplan.
Las reformas estructurales empujadas por políticas neoliberales consisten en modelos privatizadores, colaboraciones público-privadas con diferentes variantes de las cuales en la Sanidad Madrileña contamos con varios ejemplos, siempre bajo la retórica de la búsqueda de la eficiencia y por el aumento de la presión asistencial sobre el sistema. A pesar de la evidencia contrastada en España y en los demás países donde se han puesto en práctica de su ineficiencia, ya que incrementan notablemente los costes y empeora la calidad de las prestaciones. Como ejemplo citaré un estudio dirigido en 2008 por la profesora de Salud Pública de la Universidad de Manchester, Jean Shaoul, que reveló que la Administración acaba pagando casi el doble en intereses con el citado modelo. En concreto, se analizaron los 12 primeros hospitales de gestión privada que se pusieron en marcha en Reino Unido. Mientras los intereses de la financiación de los centros netamente públicos eran del 4,5%, el interés a pagar con los hospitales financiados con capital privado ascendía al 8%. “Los costes financieros fueron mayores de lo esperado (…), de forma que el coste total de los proyectos a lo largo de 30 años tiende a ser mucho mayor que el estimado originalmente”, señala la autora. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) aportó un ejemplo más cercano del gasto desorbitado que supone este modelo: el caso de Madrid. Según sus estimaciones, el gasto de los siete hospitales que inauguró Esperanza Aguirre en 2008, gestionados por empresas, se ha disparado. La deuda a saldar en los próximos 30 años asciende a 4.284 millones y las empresas ya han reclamado que la cuota anual se incremente en nueve millones. Se ha constatado que sobrepasan los presupuestos pactados y que son menos eficientes que el modelo público tradicional, al que por el contrario le disminuyen el presupuesto.
En la aplicación de estas medidas se están ignorando hechos conocidos, la evidencia científica y el sentido común. Las supuestas medidas que salvarían el SNS serán su ruina. Pero estas políticas no nos han de extrañar, las recomendaciones repetidas hasta la saciedad por los poderes económicos, por ejemplo el FMI, son disminuir el gasto público y privatizar servicios, sería estúpido pensar que olvidarían la sanidad que maneja el 9% del PIB en España (en EEUU es el 17%, con una participación privada mayoritaria). ¿Por qué estas presiones?. Los servicios sanitarios se han convertido en los últimos años en la mayor industria del mundo, un sector con una alta tecnificación y cualificación del personal, con un aumento del gasto por encima del de la economía. Paralelamente a este desarrollo ha ido surgiendo una búsqueda por parte del sector privado de aumentar sus beneficios participando en mayor cuantía de este presupuesto sanitario, especialmente en Europa, donde prevalecen los sistemas públicos de salud basados en la universalidad, equidad y gratuidad de los servicios. Repito que estas medidas son una imposición que el poder político acata aunque lo maquille ante la sociedad y este gobierno en particular no va a defender el sistema de salud público porque no cree en él, como demuestran sus declaraciones y políticas.
Con el SNS y otros servicios públicos fundamentales como la educación o las pensiones ocurre lo contrario que con el sector bancario. Con los primeros se pone en duda constantemente su sostenibilidad, aunque sin datos claros, y se buscan soluciones que pasan por su desmantelamiento, mediante recortes en los presupuestos y cambios en su gestión y financiación. Mientras que la ahora evidente insolvencia bancaria, se trata de resolver con gasto público y sin modificar en nada su gestión y objetivos privados. La economía financiera está ávida de sectores productivos que parasitar, ¿quieren ver hincharse y estallar una burbuja sanitaria?, pues quedémonos sentados y lo veremos.
Es necesario decir que estas políticas suponen un acoso desde el poder al SNS, son injustas e innecesarias y por lo tanto malas y estúpidas. Los poderes públicos responsables deberían explicarnos de forma transparente y veraz la adopción de estas medidas, ya que cuando un empleado público dicta o propone a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia, está prevaricando.
Es necesaria la actuación responsable de las autoridades, los profesionales y la ciudadanía para buscar una solución a esta sinrazón. Debemos marcar ciertos objetivos:
1. Satisfacer de forma suficiente las necesidades de salud de toda la población, ya que es algo necesario y beneficioso para todos.
2.Profundizar en el conocimiento del sistema, fomentar la transparencia y el control democrático, evitando así el desgobierno y la corrupción. Desde el conocimiento racionalizar la gestión, la actividad profesional y el uso responsable del sistema y evitar que sea pervertido o parasitado por los agentes que operan en él. En definitiva evitar que las autoridades, profesionales y usuarios del sistema hagan un uso fraudulento del mismo. Desarrollar el primer objetivo es fácil, llevamos haciéndolo unos cuantos años y nos fue muy bien. El segundo va ha resultar más difícil por que ya en la primera premisa, conocer a fondo el sistema, vamos muy atrasados.
Si estos son los objetivos, debemos defender un Sistema de salud público y abordar sus mejoras y cambios necesarios dentro de este modelo, a pesar de la oposición del poder económico y buena parte del político. El sistema nacional de salud surgió al igual que otros servicios públicos para satisfacer unas necesidades de la sociedad para las que el sector privado no daba respuesta. Estas son necesidades básicas para el desarrollo y el bienestar de la misma, es una inversión para una sociedad más sana, cohesionada, productiva y feliz.
Trece meses después, el gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP
están actuando como auténticos liquidadores de la sanidad pública.
Liquidadores de empresas, liquidadores de la Sanidad
10 septiembre 2013
Por Pablo Vaamonde, médico de familia, en nueva tribuna
Afirman defender
la sostenibilidad, pero adoptan decisiones que contribuyen realmente a su
deterioro y a la privatización.
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