.commenthidden {display:none} .commentshown {display:inline}
Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas

15 de mayo de 2017

Cómo llegó Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción y por qué no debe continuar

14/5/2017 - Ignacio Escolar

La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible que claramente incumple Manuel Moix. El fiscal anticorrupción que prefieren los corruptos no debería seguir un día más.


De izquierda a derecha, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.1. Desde que Rafael Catalá es ministro de Justicia, han pasado por el mando de la Fiscalía tres fiscales generales del Estado: tres en menos de tres años. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno, que le quería controlar. Después llegó Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año. No fue renovada porque tampoco se quiso plegar. Y a la tercera Rafael Catalá encontró a su fiscal general ideal, José Manuel Maza. Por ahora no ha dimitido, aunque por decencia debería hacerlo ya.
2. Consuelo Madrigal duró poco en la jefatura de la Fiscalía porque  se negó a obedecer al Gobierno con los nombramientos de varios fiscales claves para controlar los procesos penales que afectan al Partido Popular: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de Murcia, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo… Y especialmente el fiscal jefe Anticorrupción.
3. En Anticorrupción, tras la jubilación de Antonio Salinas, Consuelo Madrigal quería poner de jefe a Alejandro Luzón: un histórico de esa Fiscalía que, entre muchos otros casos, ha llevado el de las tarjetas Black. El candidato del Gobierno siempre fue Manuel Moix, precisamente el fiscal que, cuando eldiario.es destapó la exclusiva de las Black, el único delito que vio es  el que, según Moix, podíamos estar cometiendo los medios que publicábamos los correos de Blesa.
4. Consuelo Madrigal se negó a nombrar a Moix y por eso, entre otras cosas, el Gobierno no la renovó. Tras su salida, el ministro de Justicia apostó por José Manuel Maza. En su designación –y en la de Manuel Moix– influyó la recomendación de Manuel Marchena: presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exfiscal, amigo de Catalá y hoy pieza clave en toda la estrategia judicial del PP. Maza viene de esa misma sala que preside Marchena, era juez en el Supremo también. Tres meses después de su nombramiento como fiscal general del Estado, Maza puso en marcha los relevos a los que se había negado Madrigal y cambió la jefatura de varias de las fiscalías más sensibles, empezando por la más importante de todas si eres un político imputado: la de Anticorrupción.
5. José Manuel Maza  fue advertido en al menos dos ocasiones de que Manuel Moix no era el candidato ideal. Una persona de su equipo y después cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales –a los que mintió– le avisaron de que, en un sumario de la Audiencia Nacional, estaba grabada una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana donde el hoy encarcelado Ignacio González hablaba de que había que colocar a Moix en Anticorrupción, que era muy "serio" y "profesional".

30 de abril de 2017

Un fiscal antisistema

28/4/2017


La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.

La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.

Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?

1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombrado. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

24 de abril de 2017

Ilustrísima Señora X

22/4/2017
Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia
Hace muchos años que conozco a Manuel Moix, y su sintonía con Esperanza Aguirre y con el resto del partido ha empujado su carrera profesional

La situación es insostenible. Esta semana hemos asistido a la visualización pública y general de lo que muchos llevamos años denunciando. La promiscuidad pornográfica de la oligarquía con otros poderes del Estado, incluido el llamado a controlarlos, que sitúa a nuestra democracia a un paso del precipicio.
De todo lo que podríamos reseñar me quedo con la necesidad imperiosa de hacer frente al hecho de que existen indicios serios de que una magistrada de la Audiencia Nacional haya delinquido. Y no sólo ella sino también quien le hizo partícipe del secreto que ella posteriormente habría revelado a terceros. No se trata de un delito menor, sino de una revelación de secretos cualificada y por tanto penada en su tramo máximo con entre dos y medio y cuatro años de prisión. La responsable no podría siquiera obviar su ingreso en prisión. Esa es la gravedad del panorama. Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia, así que habría que sumarle otros delitos contra la Administración de Justicia. Hay pues una persona en la Audiencia Nacional, o más de una, que deberían pasar una temporada en prisión y son personas que administran Justicia. Digo más de una porque si en efecto una de las nueve magistradas del tribunal -verán que tampoco el campo de investigación es tan amplio- alertó de que había escuchas activas ordenadas por el juez Eloy Velasco, alguien tuvo que decírselo a ella. Y o fue el propio Velasco o fueron los fiscales o los investigadores de la Guardia Civil. Todos los que lo hicieran delinquieron.
Ahora no le queda más remedio al magistrado Velasco que poner su conocimiento de la posible comisión de un delito en manos de la Fiscalía y que esta lo lleve ante un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla que será el competente para instruir este caso. La Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar revelaciones de secretos aunque sean de sus propios miembros. ¡Habrá que ver a un juez de Plaza de Castilla tomando declaración a los magistrados de la Audiencia Nacional! ¿O no lo veremos? Porque dicen las malas lenguas que si el propio Eloy Velasco le contó la existencia de las escuchas a uno de sus compañeros o a otra persona, él mismo estaría implicado y por tanto le convendría más dejar morir el asunto. Sería un escándalo pero ...¡cuántos escándalos mayores estamos viendo pasar!

30 de abril de 2014

Elpidio Silva, un juicio inviable

Contrapoder28/4/2014
Gonzalo Boyet Tuset
Importantes sectores mediáticos están dedicando buena parte de sus energías no solo a analizar el proceso contra el juez Elpidio Silva, sino también a criticarle duramente por su actitud durante el mismo. Con ello, seguramente se están perdiendo de vista dos temas fundamentales. Primero, que con independencia de que sea un juez el enjuiciado, éste tiene derecho a defenderse en la mejor forma que pueda. Segundo, que el juicio, nos parezca o no un espectáculo, nunca debió celebrarse en las condiciones actuales.
Toda persona, incluso los magistrados que son acusados de prevaricar, tiene derecho a defenderse, a evitar su condena y a evitar, incluso, su propio juicio. Desde esa perspectiva, es evidente que el juez Silva -como cualquier otro acusado- tiene derecho a intentar evitar el juicio. Sobre todo, si no se brindan las condiciones para que éste se celebre con las garantías reales del debido proceso.
La vía que en su momento intentó Silva para retrasar el juicio no fue otra que la nulidad de las actuaciones practicadas por aquel tribunal cuya recusación fue admitida. Como ya expliqué en otro artículo, era lógico y natural que la misma se decretase. De hecho, esto hubiera impedido la celebración del juicio antes de las elecciones europeas a las que Silva concurre como candidato.
La sala que actualmente le enjuicia, sin respeto alguno por el derecho a un proceso debido o al juez imparcial, no sólo se negó a dictaminar en este sentido. Ha obligado a que el juicio se celebre, generando más que razonables dudas sobre su propia imparcialidad.
Llegados a este punto, el acusado tenía y tiene fundadas sospechas sobre el resultado final del pleito. Es ahí, y no antes, cuando comienzan las discrepancias entre su defensa técnica y él. Seguramente, lo más adecuado hubiese sido exponer esas discrepancias antes del comienzo del juicio. Pero la verdad es que tampoco se conocía cuál iba a ser el posicionamiento de la sala respecto a una nulidad evidente que conocían desde hace más de una semana y que habían dejado pendiente de resolver.
Si el tribunal hubiese actuado con corrección jurídica y democrática habría suspendido el juicio, decretando la nulidad y la consiguiente retroacción de las actuaciones. También lo podría haber suspendido cuando el abogado presentó su renuncia hasta la designación de otro letrado. El problema es que ello hubiese implicado su no celebración hasta después de las elecciones europeas y eso no parecía entrar en el guión. Muchos creen que la renuncia fue una estratagema, pero olvidan -juristas incluidos- que la renuncia de un abogado no requiere explicación. Es más, facilitarla podría atentar a los deberes de secreto y lealtad que se tiene respecto de los clientes.

23 de abril de 2014

Una buena parte de los periodistas españoles condena a Elpidio Silva y oculta la farsa de su juicio

23/4/2014
Blesa, en el banquillo... pero acusando al juez que lo encarceló
Blesa, en el banquillo… pero acusando al juez que lo encarceló
Para quien no haya podido seguir en directo la segunda jornada del juicio contra el magistrado Elpidio Silva –acusado de prevaricación por encarcelar al banquero Miguel Blesa (Bankia y Caja Madrid)–y solo se informe por una buena parte de la prensa digital o de papel o por las televisiones o radios, no podrá salir de su asombro: el culpable es el juez y la víctima el banquero. ¿El mundo al revés? Esta es la crónica de una manipulación anunciada que jamás se podrá leer en España -donde aún imperan la censura y  las directrices políticas –que jocosamente los periodistas llaman resignadamente “doctrina”– en unos medios de comunicación arruinados y sostenidos por la publicidad del Gobierno y los créditos bancarios irrecuperables– y que tendrá su continuidad hasta el próximo lunes.

Elpidio Silva y su ex abogado Cándido Conde Pumpido, obligado por el tribunal a defenderle. Insólito.
Elpidio Silva y su ex abogado Cándido Conde Pumpido, obligado por el tribunal a defenderle. Insólito.
La segunda sesión del juicio al magistrado Elpidio Silva, candidato del Movimiento RED que encarceló al banquero Miguel Blesa, responsable de la quiebra de Bankia, del fraude de las preferentes y de uno de los agujeros financieros más profundos de la Unión Europea, fue lo único que no defraudó: retransmitido por “streaming” desde Eldiario.es y a pesar de las interferencias, interrupciones y deficiencias del sistema de audio de la sala, cientos de miles de ciudadanos pudieron comprobar con sus propios ojos la pantomima: los jueces Arturo Beltrán y María Tardón, el fiscal Manuel Moix y los abogados de Miguel Blesa y de Díaz Ferrán (presidente de los empresarios hoy en la cárcel por estafa) encabezados por Carlos Aguilar, la emprendieron contra un juez acusado de prevaricación que además carecía de abogado y solo podía hablar cuando interrumpía la farsa.

12 de febrero de 2014

El malestar de la impunidad

Carlos Castresana Fernández - 12/2/2014

Renunciar a la jurisdicción universal supone abandonar a millones de víctimas
El grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de los Diputados avanza una reforma de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial que desnaturaliza y prácticamente erradica de nuestro ordenamiento jurídico la jurisdicción universal, el mecanismo a través del cual los tribunales españoles pueden atribuirse competencia y perseguir crímenes de carácter internacional cometidos fuera del territorio español.
La reforma culmina otra anterior de 2009, que ya operaba un reduccionismo incompatible con algunos principios elementales del derecho internacional equiparando lo universal a lo español. Ahora, prácticamente, incluso lo español desaparece. En adelante, los jueces y fiscales españoles nos ocuparemos de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, y punto.
Entonces, como justificación de la reforma, se alegó que el ejercicio de la jurisdicción tramitando algunas causas ante la Audiencia Nacional estaba perjudicando las relaciones políticas, económicas y diplomáticas de España con algunos países, Estados Unidos entre otros. Ahora se señala que la persecución penal de algunos antiguos jerarcas de China por crímenes contra la población autóctona de Tíbet puede producir la misma consecuencia. Fuentes gubernamentales ponen de manifiesto su indisimulada preocupación por el gran malestar del Gobierno chino, tenedor del 20% de la deuda pública española, unos 80.000 millones de euros.
Son varias las consideraciones que cabe hacer al respecto. La primera es moral y obvia: lo que perjudica las relaciones internacionales no son las querellas, sino los crímenes. La segunda es más práctica, casi cínica: ¿puede alguien señalar un solo caso en el que un buen negocio se haya cancelado o pospuesto por consideraciones humanitarias? Las relaciones económicas entre España, Argentina y Chile no se resintieron jamás por las órdenes de captura que nuestros tribunales emitieron contra los militares de aquellos países.

9 de diciembre de 2013

El decálogo (sarcástico) del perfecto político corrupto

José María Olmo - 8/12/2013

La corrupción ha contaminado hasta el último rincón de España, pero en los partidos políticos ha encontrado el mejor hábitat para instalarse, fortalecerse y expandirse. La crisis económica ha coincidido con el esplendor del fenómeno. Sin embargo, las acusaciones que surgen todos los días no terminan con las consecuencias penales que demanda la sociedad. Probablemente, ese sea uno de los motivos por los que, según Transparencia Internacional, ha empeorado la percepción de la corrupción y los ciudadanos consideran que esta lacra es el segundo mayor problema, según el CIS. Si alguna enseñanza está dejando la camorrización de la política es que sus máximos responsables manejan con destreza un manual que les permite escapar de la acción de la Justicia o limitar sus consecuencias. La crisis exacerbó el malestar de los votantes pero la economía va camino de la recuperación sin que se hayan producido cambios reales en la política española. Aquí va una propuesta de código anti-Justicia basado en experiencias reales. El sarcasmo como alternativa al enfado.
1. Todo es mentira. Si te han pillado robando niégalo todo. Por evidentes que sean las pruebas y difícil que te sea conciliar el sueño, la base para toda estrategia de defensa es negar los hechos. Da una rueda de prensa rodeado de tus colaboradores para defender tu honorabilidad y amenaza con demandar a todo aquel que se atreva a airear tus trapos sucios. Incluso pon alguna. Así conseguirás mayor credibilidad. Lo importante es que rechaces con la máxima contundencia posible todas las acusaciones. Seguro que convences a alguien. Si montan una manifestación en tu apoyo, mejor. Y si te sientes acorralado por las acusaciones, échale la culpa a otro. La imagen de los tesoreros de los partidos no pasa por su mejor momento. Aprovéchalo.
2. Nunca abandones tu cargo. Bajo ningún concepto permitas que las presiones de los ciudadanos e incluso de tu propio partido te fuercen a renunciar a tus responsabilidades. Debes mantener tu escaño o tu puesto en el partido hasta el último segundo. Si desapareces de la vida pública, tus contactos con los dirigentes que pueden mejorar tu situación procesal se irán diluyendo. Además, dejarás de representar un problema para tu partido y, por tanto, dejará de preocuparse por lo que pueda ocurrirte. ¿Dimitir? Nunca. Sólo hay que echar un vistazo a las Cortes de la Comunidad Valenciana o atender del ejemplo de exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Blanco. Mantuvo su escaño en contra del criterio que él mismo había mantenido siempre con los cargos políticos de los partidos de la oposición. Finalmente fue absuelto, pero antes advirtió públicamente de que no dimitiría hasta que no se abriera la fase de juicio oral. Eso fue lo que hizo. Y sigue en el Congreso.

27 de noviembre de 2013

Qué es (y para qué sirve) el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Argèlia Queralt - 21/10/2013

A partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos sobre el desalojo del bloque de Salt y respecto la doctrina Parot en el caso del Río Prada, Argèlia Queralt analiza las implicaciones para los diferentes Estados parte.
Esta semana celebrábamos una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que paralizaba un desalojo colectivo en Salt (Girona). Asimismo, hemos pasado días de expectación ante la Sentencia de la Gran Sala de este mismo Tribunal en el caso del Río Prada que ha decidido sobre la conformidad de la doctrina Parot con legalidad internacional. Y, como estos podrían ponerse, sin duda, muchos otros ejemplos. Pero ¿sabemos qué es el Tribunal Europeo? ¿Sabemos para qué sirve?
Esta jurisdicción con sede en Estrasburgo empezó su andadura en los sesenta y vela por la tutela de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), en su mayoría, derechos individuales y civiles. Este catálogo de derechos y su Tribunal se enmarcan en el conjunto de instrumentos desarrollado en el seno del Consejo de Europa, organización internacional que promociona el desarrollo y consolidación de los estados de derecho democráticos entre sus miembros, que son a día de hoy 47 Estados, desde España, Portugal o Grecia, pasando por Francia, Suecia o Alemania, llegando hasta Turquía, Rusia o Azerbajan.
En este contexto el Tribunal Europeo se erige en garantía última del respeto de los derechos convencionales en estos 47 Estados y, en breve, también en la Unión Europea. Con esta finalidad de tutela, tanto Estados como individuos pueden presentar sus demandas ante Estrasburgo alegando que una determinada actuación estatal ha vulnerado alguno de los derechos del Convenio.
De hecho, el Tribunal es a día de hoy la única jurisdicción internacional a la que los particulares pueden acceder en igualdad de condiciones que los Estados. Así, volviendo a los ejemplos con que se iniciaba este texto, en el asunto de Salt (caso Ceesay Cessay y otros contra España), los demandantes alegaban haber vulnerado, entre otros, su derecho a la intimidad familiar, y en el caso del Río Prada se alegaba la conculcación del derecho a no sufrir pena sin delito (legalidad penal) y el derecho a la libertad.
Este Tribunal está formado por el mismo número de jueces que Estados parte (hoy 47), jueces que son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los jueces poseen un mandato de 9 años y son independientes e imparciales en el ejercicio de su cargo. El Tribunal funciona en formaciones de 1 (juez único), 3 (comité de 3 jueces), 7 (Sala) y, excepcionalmente, de 17 (Gran Sala) jueces. Los casos se estudian a través de un procedimiento regido por los principios de publicidad, igualdad en los medios de defensa y contradicción entre las partes.

2 de noviembre de 2013

Doctrina Parot: ¿podemos pasar página?



La denominada “doctrina Parot” significaba, según Teresa Rodríguez, un subterfugio para hacer permanecer a presos en prisión tras haber cumplido sus condenas. No debió haber existido, lo que nos hubiera evitado el lamentable espectáculo de una salida masiva de presos, en su gran mayoría condenados por delitos de terrorismo.
Teresa Rodríguez Montañés - 26/10/2013
La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 21 de octubre de 2013 sobre la denominada “doctrina Parot” era no sólo previsible, sino la única que cabía esperar si hablamos en términos estrictamente jurídicos. El derecho a la legalidad penal y el derecho a la libertad, en juego en el presente caso, constituyen pilares básicos en la arquitectura del Estado de Derecho, a cuyo respeto se ha comprometido el España en su Constitución y al firmar y ratificar una serie de instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal aplica.
¿Por qué afirmo que esta Sentencia era la única posible? La respuesta es simple: en un Estado de Derecho que no contempla como pena la cadena perpetua, sino que establece límites máximos de cumplimiento en todo caso, todos los presos –también los terroristas- han de ser puestos en libertad cuando cumplen sus condenas, conforme a las reglas establecidas en la ley penal en el momento en que cometieron los hechos. Esas son las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho, las reglas que España se ha comprometido a cumplir y que ha violado. Por tanto, la demandante en el presente caso y otra serie de presos han de ser puestos en libertad no como consecuencia de una cruel conjura europea contra España o contra las víctimas, sino simple y llanamente porque ya han cumplido sus condenas.
Puedo entender el estupor de los ciudadanos –creo que muy manipulados por declaraciones políticas e informaciones periodísticas sesgadas, cuando no claramente falsas-, cuando condenas de cientos o miles de años se acaban convirtiendo en 30 años de prisión, que podían verse reducidos hasta en un tercio por la redenciones de pena por trabajo. Y creo que ello merece una explicación que voy a tratar de dar. Es la siguiente:

14 de julio de 2013

Bárcenas, te mando un SMS, pero que no lo vea nadie

14/7/2013

Vuelvo a decir lo mismo que el otro día cuando salió en portada las “Cuatro horas con Bárcenas” que publicó Pedro J. en su periódico, pero hoy con un matiz. 
Como portada del periódico para vender más, o hacerte pagar en ORBYT para leerlo entero está muy bien, aunque tengo que reconocer, que los SMS de hoy sí que son algo nuevo y muy importante en el caso.
Lo son, porque demuestran (de ser ciertos) que hubo intercambio de palabras y formas de ver el problema por parte de ambos y presuntos implicados.
Es conocida la animadversión de Pedro J. hacia Rajoy, parece que tiene ganas de cargárselo como presidente y sentirse más poderoso todavía si llega a derrumbarlo al frente del gobierno. No conozco sus rencillas ni el poder de Pedro J. como persona influyente en el país y entre los políticos, pero parece cierto, que peloteras entre los dos las hay, o las ha habido, y por lo que aparenta, poder tiene algo. Le gusta sentirse importante, se le nota.

A nosotros, como ciudadanos, lo que nos interesa es la información que esta soltando en píldoras semanales y que de alguna forma, y a pesar de que duelen, puesto que nos afectan a todos, nos hace ver en manos de quien estamos y la forma de actuar que al parecer durante tanto tiempo  han tenido. De financiarse, y de manejar el poder una vez se está instalado en él. Y  que conste, que, el otro partido grande en la oposición, y que han estado alternando legislaturas, dudo mucho que no haya estado haciendo lo mismo. Los ERE,  son un caso distinto y quizás por la cantidad de dinero manejado sea aún peor y más escandaloso, pero nos da una muestra más de lo que son capaces de hacer con el dinero destinado a otros fines y que al fin y al cabo es de todos. No les importamos nada, así nos lo hacen ver y nos lo demuestran casi a diario ante tanto caso de corrupción.

La financiación irregular es, cuanto menos, la sospecha de todos los partidos políticos. Ya se preocupan ellos que las cuentas sean lo más opacas posibles para que no las podamos descifrar y desmontarles el tinglado.

Dependiendo de la ideología y de la línea editorial de un periódico, vemos, como cada uno habla de una forma distinta de según qué casos. Eso va a seguir así por mucho tiempo y se puede entender. Lo que hay que reconocerle a El Mundo, es que esta destapando muchos casos de corrupción estos últimos años, y eso, como ciudadanos nos interesa.
Independientemente de quién gobierne, esto debería de ser lo normal en un medio de comunicación, la información veraz a los ciudadanos, sin importar si se hace daño o no, a quien en ese momento este en el poder que tanto los corrompe. 

10 de junio de 2013

Juicio a los jueces

Pilar Portero y Ana Cañil
6/6/2013
El juez Elpidio José Silva, que ha enviado a la cárcel a Miguel Blesa, está zumbao, por unanimidad. El juez Castro, que instruye el caso Urdangarín, "hace juicios de valor" y comete "falsedad", en palabras de Rita Barberá. La jueza Alaya, que lleva la causa de los ERES irregulares, es una "maziza con mazo" a la que se le acumulan los casos por su baja laboral. El juez Pablo Ruz, que carga sobre sus espaldas con Gürtel, Bárcenas y Mato, primero era de derechas y ahora de izquierdas, o bien "quiere pasar a la historia antes de dejar la Audiencia". El juez Pedraz se transmuta de pijo a perroflauta, por archivar la causa contra los promotores de #rodeaelcongreso. Y al juez Fernández Seijo, que logró que el Tribunal de Justicia de la UE considerara abusiva e ilegal la ley española sobre hipotecas, "merecería que le hicieran un escrache", en palabras de más de un político popular. La profesionalidad de los jueces se cuestiona un día sí y otro también desde todos los ámbitos del poder.
A pesar de las presiones, algunos resisten. "A quienes nos escrachan es a nosotros. Son los políticos y el poder económico a través de sus respectivos medios de comunicación los que nos someten a esos escraches que tanto denuncian", dice uno de los jueces que ha sido víctima de una campaña de desprestigio para evitar que presidiera el tribunal de uno de los casos más mediáticos de los últimos meses.
Una confluencia de intereses entre el poder económico, político y mediático, que afectados por la situación de crisis del sistema, trata de devaluar a los jueces. Sin embargo la ciudadanía siente que son los únicos que pueden hacer justicia ante los abusos del poder. La noticia del ingreso en prisión de Miguel Blesa despertó una ola de euforia en las redes sociales mientras los tertulianos y la prensa generalista cargaba las tintas sobre la idoneidad del juez. "La carga de presión que existe en algunos juzgados es muy grande. La tensión influye más en unos que en otros y eso hace que algunos, como el juez Silva, no sea un juez estándar porque además se pliega poco a las presiones que recibe", ilustra un compañero del polémico magistrado en los juzgados de Plaza de Castilla, donde trabajan 54 jueces.
Se ha creado un clima de opinión en torno a los jueces. Si preguntas a los políticos o a los financieros sobre el papel de los magistrados, la descalificación es el preámbulo. Ejemplo real: "Pero Castro está un poco loco, ¿no? Eso dicen, yo no sé". No sabrán, pero la insidia queda en el aire y se transmite. Otro ejemplo que se repite: "Están cabreados con el Gobierno y el PP porque les hemos bajado el sueldo y Gallardón les está quitando ese poder del que gozan con su reforma". Tercer ejemplo, este proveniente del sector bancario: "¿Qué formación puede tener ese tío -juez- si no sabe ni lo que es una cuenta de resultados ni una auditoria? Desde que los jueces estrella descubrieron que es posible hacerse famoso a costa de los banqueros y los empresarios, esto es un cachondeo". Gana por goleada la extendida idea de que los jueces están más para allá que para acá y que el ego les puede. "A nivel estadístico, los jueces no figuran entre los primeros puestos de los estudios que relacionan profesión con enfermedades mentales. Si acaso, los jueces, que suelen ser vocacionales, tienen un sentido del deber muy alto, lo que les puede llevar a trastornos obsesivos, agudizando su concepto del orden y del perfeccionismo", explica el psiquiatra Benito Peral.

8 de septiembre de 2012

Los tribunales obligan a los administradores de los foros a ejercer la censura


¿Qué papel han de ejercer los administradores de los foros o de un blog donde sus lectores puedan participar con comentarios? Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres la respuesta es clara: la de censor y vigilante de los contenidos que aportan terceros usuarios.
David Maeztu comenta en su blog Del derecho y las normas una sentencia que complica su labor a los administradores de los foros en Internet en nuestro país y que crea una peligrosa jurisprudencia en este campo. Aunque data de mayo del pasado año, ofrece varios aspectos que confirman a día de hoy las obligaciones de vigilancia y control de los administradores en sus foros.

En la sentencia, referida al caso "Rebollar", se indica sobre el administrador del foro que "su obligación era estar al tanto de lo que en él se escribía, ya que era digamos el censor del mismo por el hecho de haberlo creado". Dado que dicho administrador borró algunos comentarios, la sentencia señala que esta actitud "corrobora que el acusado leía lo que se escribía en ese foro, y que al mismo tiempo constata que el acusado apreció y valoró que lo allí escrito era insultante para determinada o determinadas personas".

No obstante, la propia sentencia admite que el administrador actuó de forma forzada, al ser citado a tres actos de conciliación e incluso recibir a la policía. "De antemano sabía a lo que se exponía si en ese foro que él administraba se seguían produciendo esos mensajes en contra de los querellantes, algo que sirvió para avisar al conciliado de que lo que allí se había escrito no era ortodoxo, lo que le llevó a borrar parte de lo escrito", señala. Puesto que había borrado mensajes con anterioridad a la visita policial y después de entrevistarse con un agente de la Guardia Civil, el administrador "conocía lo que allí se había escrito y lo había valorado como inconveniente", ratifica la sentencia.

En cualquier caso: culpable

Pero por si fuera poco, también se impone la obligación al administrador "de saber quién o quiénes lo utilizaban". De este modo, se impone un control de acceso en los foros que hasta ahora no se había exigido y que en caso de que el usuario no tenga los conocimientos informáticos para este control deberá hacérselo saber a la policía para que sea ésta quien se encargue de administrar el foro. En definitiva, una peligrosa puerta abierta para que los administradores pasen a tener el papel de censores y a estar obligatoriamente pendientes de lo que los usuarios escriben en su web. La sentencia parece dejar claro que si el administrador se preocupa por lo que escribe el resto, es culpable, mientras que si no lo hace, también lo es.
Vía:http://www.adslzone.net/article9422-los-tribunales-obligan-a-los-administradores-de-los-foros-a-ejercer-la-censura.html

22 de julio de 2012

«La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar»


 
22 Julio 12 - Madrid - Francisco Velasco

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, hace en esta entrevista un repaso de todo lo que abarca su cartera: desde el aborto a la situación de la Justicia o la renovación del CGPJ. Sus declaraciones, sin duda, no dejarán indiferente a nadie y, de hecho, ya han provocado las primeras reacciones, especialmente por su afirmación de que la malformación del feto dejará de ser un supuesto para abortar.


¿Cómo define todo lo sucedido en el Consejo General del Poder Judicial?

–Es obvio que se produjo una crisis institucional en el CGPJ, que se abrió por la dimisión de Carlos Dívar. Esto abrió un periodo en el que se han visto las distintas sensibilidades que existen en el Consejo y los propios vocales lo han resuelto eligiendo a una persona que, al margen de cualquier otra consideración reúne todos los requisitos para ser presidente del TS, por su condición de magistrado, de presidente de Sala y por su prestigio personal y profesional. Ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, y ahí el Ministerio tendrá una actitud de plena colaboración con el Consejo y su presidente.

–¿Tuvo el Ministerio algo que ver con la dimisión, más o menos forzada, de Carlos Dívar? ¿Influyó de alguna forma?
– No. De ninguna de las formas, en absoluto. El parecer del Gobierno es que todo lo que sea una crisis institucional en un momento tan delicado como el que vive España no contribuye a resolver los problemas que tenemos en esta situación económica, para lo cual la estabilidad de las instituciones es extremadamente importante. Por eso, celebramos que esa crisis, lamentando que se hubiese abierto y por la propia dimisión de Dívar, se haya cerrado.

–Las asociaciones critican duramente a su Departamento por entender que la reforma del CGPJ usurpa funciones al CGPJ.
–En absoluto es cierto eso. Ni una sola competencia de las que tiene el Consejo y que están establecidas en nuestra Constitución desaparece en la propuesta presentada por el Gobierno. No hay, por tanto, ninguna merma de competencias.

–¿Dónde radican entonces las profundas diferencias que mantiene Justicia con las asociaciones judiciales?
–Las diferencias se están planteando en otro aspecto, sensible, y entiendo que muy importante: si los funcionarios del Poder Judicial en su condición de pertenecientes a un poder del Estado distintos del Poder Ejecutivo están o no sometidos a las restricciones presupuestarias que se han adoptado para todos los funcionarios de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y nosotros entendemos que sí, que están sujetos. Eso no es ninguna merma a la independencia del Poder Judicial ni invasión de competencias. La situación de diferencia fundamental que en estos momentos mantiene el Ministerio con las asociaciones es que el Gobierno ha hecho extensivo a todos los funcionarios, incluidos los del Poder Judicial, las restricciones presupuestarias.

–Pero las asociaciones consideran que en el fondo lo que hay, detrás de la reforma, es quitar competencias al Consejo.
–Lo que me sorprende es que se haya manifestado un criterio sobre un texto que no conocen, porque a fecha de hoy no se ha trasladado a ninguna asociación el contenido del proyecto del Gobierno, como consecuencia del compromiso que tenemos de trasladarlo, con carácter previo (a los partidos) para el debate parlamentario. Eso explica, por ejemplo, en relación con el comunicado que hizo público la APM, que se diga que se quiere trasladar al Ministerio el proceso de selección de los jueces, cuando eso es algo que jamás ha estado en el proyecto del Ministerio.

–Pero también se ha anunciado una reforma que va a suponer un cambio sustancial en lo que afecta al CGPJ, donde, por ejemplo, sólo el presidente tendrá dedicación exclusiva.
–Hay un cambio que va en la misma línea, que es de restricción. Tenemos que adelgazar todas las administraciones públicas, como hemos hecho en la Administración General del Estado  y eso mismo lo tenemos que aplicar también a la administración del Poder Judicial. Por tanto, estamos siempre en el mismo recorrido.

–Ese «adelgazamiento» del que habla, ¿afectará a las funciones que encomienda la Constitución al Consejo?
–En absoluto. En ningún caso, las funciones constitucionales que tiene el Consejo pasan en el proyecto del Gobierno al Ministerio de Justicia: ni una sola. Lógicamente, otro tipo de actividades, que no son competencias, sino actividades, como pueden ser las internacionales, se verán restringidas como se ha visto en toda actividad internacional en el resto de ministerios, salvo en el de Asuntos Exteriores.

–Vista toda la polémica suscitada en este tema, ¿no ha sido un error dar a conocer sólo la reforma que afecta sólo al CGPJ, que es una parte de la prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial?
– Los tiempos políticos los tiene que marcar el Gobierno, que es quien tiene la iniciativa legislativa. Y no se puede olvidar que el mandato del actual Consejo vence en septiembre de 2013, y, por tanto, nosotros no podíamos demorar la tramitación del proyecto de ley, porque ese documento tiene que estar aprobado seis meses antes de que finalice el mandato, es decir, en marzo del próximo año.

–Usted habló en su toma de posesión y lo ha reiterado después de que los 12 vocales de procedencia judicial serán elegidos directamente por los jueces y magistrados. Si el PSOE rechaza ese modelo, ¿el Gobierno mantendrá la postura que ya anunció?
–Lo que no vamos a hacer es «hipotizar el futurible». El PSOE ya tiene la propuesta de la Comisión Técnica y estamos a la espera de  una respuesta. Lo que no vamos a hacer es pronunciarnos sobre algo que ellos no se han pronunciado todavía. Vamos a esperar a que nos digan cuáles son sus propuestas, y sobre eso haremos la negociación.

–Insisto, ¿su Ministerio sigue en la idea de esa elección directa de vocales de extracción judicial?
–Ésa es la propuesta de la Comisión Técnica y la que hemos trasladado al PSOE. La propuesta del Ministerio la haremos cuando terminemos todo el proceso de diálogo parlamentario.

–El TC se ha renovado con un notable retraso, al igual que ocurrió con el último CGPJ. ¿Sucederá lo mismo con el actual Consejo o se renovará en plazo?
–Se renovará en plazo, no tenga ninguna duda. Coincido con aquellos que nos han criticado, sobre todo a los dos partidos mayoritarios, por el retraso en la renovación del TC.  Le aseguro que eso no ocurrirá con la renovación del CGPJ. Pero, además, creo que deberíamos, siguiendo el modelo alemán, buscar mecanismos que hiciesen imposible que eso ocurriera. Y creo que deberíamos hacer una reflexión tranquila, pero profunda, para introducir mecanismos semejantes en la legislación española, para que en aquellos supuestos en que el legislador incumpliera su obligación constitucional de producir un nombramiento hubiera mecanismos alternativos de nombramientos.

–En cuanto a los nuevos magistrados del TC, se criticó que algunos de ellos tienen un «marcado carácter político».
–Los cuatro magistrados tuvieron la mayoría de 3/5 del Congreso para ser elegidos, y desde ese momento ya no son ni del Grupo Parlamentario Popular ni del Socialista, ni de ningún otro grupo. Los cuatro lo son del Congreso de los Diputados, y ahí es donde radica la independencia que debe tener un miembro del TC. Protesto contra la idea de entender que el servicio a la sociedad a través de la política suponga una inhabilitación para el ejercicio posterior, desde la más absoluta independencia, de altas responsabilidades del Estado, como miembro del TC. Incorporar a ese tribunal a personas con experiencia política en modo alguno compromete su independencia.

–¿Cuándo terminará su Ministerio las reformas anunciadas para que se inicien los trámites parlamentarios?
– La de la Ley del Consejo General del Poder Judicial se presentará cuando terminemos este diálogo parlamentario que hemos iniciado y después cuando hagamos las consultas correspondientes, y eso, razonablemente, debe ser antes de dos meses; la reforma del Código Penal, que incluye la prisión permanente revisable, se presentará al Consejo de Ministros próximamente. El resto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial la queremos para antes de finales de octubre, conjuntamente con la Ley de Demarcación y Planta, que será una de las grandes novedades de esta legislatura; y sobre esas mismas fechas, octubre o noviembre, presentaremos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se incluirá el nuevo papel del Ministerio Fiscal en la instrucción de los procesos. Si a esto se le une la reforma de la Ley del Aborto, que el compromiso es que esté antes de final de año, y el nuevo Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio que se va a convertir en uno de los grandes instrumentos para conseguir la unidad de mercado. Todas éstas serán proyectos leyes que se presentarán antes de final de año.

–El hecho de que los fiscales se rigen por el principio de jerarquía y dependencia y al fiscal general siempre se le vincula con el Gobierno, ¿no puede afectar a la independencia a la hora de esas investigaciones?
–En modo alguno. Es cierto que se rigen por el principio de jerarquía, pero las relaciones del fiscal general del Estado con el Gobierno son regladas, siempre de carácter oficial y se refieren a la capacidad que tiene el Ejecutivo de solicitar la actuación del Ministerio Fiscal. Pero eso no compromete en absoluto la autonomía del Ministerio Fiscal que tiene de cara a la instrucción. Creo, además, que este Gobierno ha dado un ejemplo definitivo de cuál debe ser nuestra relación con el Ministerio Fiscal ,mediante el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, que ha hecho de su discurso la independencia del fiscal; y, en segundo lugar, nuestro propio comportamiento.

–¿Se va a revisar la Ley del Menor y, en su caso, se agravarán las penas para delitos graves?
–Sí se va a revisar. En el ámbito procesal, trabajamos en una reforma para evitar que aquellos delitos que han sido cometidos conjuntamente por mayores y menores tengan procedimientos distintos, que muchas veces llevan a la contradicción.

–¿La Abogacía del Estado recopila indicios para una posible ilegalización de Bildu?
–Todos y cada uno de los hechos que después de la sentencia del TC –la que legalizó Sortu–-puedan ser calificados como contrarios a la Ley de Partidos Políticos son estudiados por la Abogacía del Estado y, en su caso, trasladados a la Fiscalía si, además de una posible vulneración de la ley de partidos, supusieran en sí mismo la comisión de un delito.

–¿La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la «doctrina Parot» hace un flaco favor a la lucha contra el terrorismo?
–Lo primero es decir que discrepo radicalmente de esa sentencia, que no ha tenido en consideración las resoluciones del Tribunal Supremo y del TC. Le digo más, y es que desde mi punto de vista no ha considerado, cosa que sí hicieron tanto el Supremo y el TC, la legitimidad que en la lucha contra el terrorismo corresponde a un Estado democrático de Derecho como es el español, y por eso confío en que esa sentencia será modificada ante la Gran Sala.

–¿Tiene futuro la Audiencia Nacional si la banda ETA deja definitivamente su actividad terrorista?
–Rotundamente, sí. Me parece que es una institución absolutamente necesaria, moderna, porque es la que mejor se acomoda a la respuesta adecuada que las nuevas formas de criminalidad organizada tienen en el siglo XXI. La Audiencia, al margen de los delitos de terrorismo, es absolutamente necesaria para el Estado de Derecho y supone una respuesta eficaz y adecuada a las nuevas formas de criminalidad. En la nueva LOPJ se le atribuirán nuevas competencias.

–¿Apoyaría reformar la Ley Electoral?
–Tengo muy claro que las leyes electorales sólo se pueden modificar por consenso. Creo que sí hay muchas cosas que se podrían mejorar de la Ley Electoral, pero me parece que no forma parte del paquete político de un Gobierno, sino del paquete constitucional de una cámara y, por tanto, cualquier reforma de esa ley siempre tiene que ser de acuerdo con la oposición, porque si no, siempre está la sospecha de que se hace para beneficiar a uno o perjudicar a otro.

–¿Su Ministerio estudia reducir el número de aforados?
–Sí. Pensamos que hay que estudiar el sistema de aforamiento en España y someterlo a una revisión restrictiva del mismo. Además, hay que recordar que, a veces, el aforamiento puede resultar un perjuicio, como por ejemplo aquellos que son enjuiciados en el Tribunal Supremo, que no tienen derecho a la segunda instancia penal. Esto es algo que vamos a introducir.

–¿Cómo valora la decisión de la Audiencia de Palma de no citar como imputada a la Infanta Doña Cristina por el «caso Nóos»?
–Si los magistrados que  conocen ese asunto  han tomado esa decisión  es porque era lo que procedía conforme a Derecho.
No se podrá abortar por malformación del feto
–Respecto a la Ley del Aborto, ¿su Ministerio sigue en la idea de volver a la que había antes de la vigente ley de plazos?
–Sí. El TC estableció una doctrina con relación a cómo debe regularse la protección del concebido y ha establecido que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, y que hay supuestos en los que, entrando en conflicto con otros conflictos, el legislador opte por uno u otro, no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es, literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos. Por tanto, la legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados.

–¿Cuáles son algunos de esos aspectos?
–Le anticipo uno. No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos.

Batería de reformas para este año.
El titular de Justicia adelanta en esta entrevista que antes de final de año se presentarán los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta, la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en la que se atribuirá la instrucción de los procedimientos penales a los fiscales– y la nueva Ley del Aborto, con importantes modificaciones. Casi inmediatamente, se prevé presentar al Consejo de Ministros la reforma de Código Penal.

En primera persona
Fiscal de oposición y político de vocación. Tras estudiar Derecho, aprobó las oposiciones a la Carrera Fiscal, aunque la toga con puñetas no la llevó encima en muchas ocasiones. Decidió seguir el mismo camino que su padre, José María, uno de lo fundadores de Alianza Popular, y dedicarse a la política. Muy vinculado a Manuel Fraga, por quien sentía una auténtica admiración tanto en lo personal como en lo político, sufrió un duro golpe con su reciente fallecimiento. Desde el año 1983 se dedicó por entero a la vida política madrileña. Fue presidente de la Comunidad de Madrid ocho años y otros tantos alcalde de la capital. Muy aficionado a la Fórmula 1, se siente muy orgulloso de su colección de música clásica y siempre le acompaña un libro.

*** Fort Apache ***

-- Derechos Humanos --

-- Libia, el infierno de la migración africana --

-- La Carta de la Tierra --

La Dictadura del Hambre-Los Bilderberg-Cidinha Campos-Mayor Zaragoza-José María Gay-El Chojin

Music for all

*** My music and other videos on YouTube ***

Hierbas, Plantas, Especias (Medicinales y Culinarias), y alimentos poco sanos

-- Por qué no estalla una Revolución --

"La información ya no tiene relevancia"

Estos últimos años se han hecho públicas informaciones de todo tipo que deberían haber dañado la estructura del Sistema hasta sus mismísimos cimientos y sin embargo la maquinaria sigue intacta, sin ni tan solo un arañazo superficial. Y esto pone de manifiesto un hecho extremadamente preocupante que está sucediendo justo ante nuestras narices y al que nadie parece prestarle atención. El hecho de que SABER LA VERDAD YA NO IMPORTA.

Parece increíble, pero los acontecimientos lo demuestran a diario. La información ya no tiene relevancia.

Nuestro cerebro se ha convertido en un drogadicto de la información rápida, en un yonqui ávido de continuos chutes de datos que ingerir, a poder ser pensados y analizados por cualquier otro cerebro, para no tener que hacer el esfuerzo de fabricarnos una compleja y contradictoria opinión propia. Porque odiamos la duda, pues nos obliga a pensar, ya no queremos hacernos preguntas, solo queremos respuestas rápidas y fáciles. Somos y queremos ser antenas receptoras y replicadoras de información, como meros espejos que rebotan imágenes externas, pero los espejos son planos y no albergan más vida en ellos que la que reflejan proviniendo del exterior.

Para emprender una transformación profunda de nuestro mundo, para iniciar una auténtica Revolución que lo cambie todo y nos lleve a una realidad mejor, deberemos descender hasta las profundidades de nuestra psique, hasta la sala de máquinas, donde están en marcha todos los mecanismos que determinan nuestras acciones y movimientos. Ahí es donde se está dirimiendo la auténtica guerra por el futuro de la humanidad. Nadie nos salvará desde un púlpito con brillantes proclamas y promesas de una sociedad más justa y equitativa, nadie nos salvará sólo contándonos la supuesta verdad, ni desvelando los más oscuros secretos de los poderes en la sombra.

Es pura lógica: No hay revolución posible sin una transformación profunda de nuestra psique a nivel individual, porque nuestra mente está programada por el Sistema. Y por lo tanto, para cambiar ese Sistema que nos aprisiona, antes debemos desinstalarlo de nuestra mente.

http://economiazero.com/por-que-estalla-una-revolucion/

-- Todo lo que deberías saber sobre el Fracking --

--- La mayor estafa de la historia de España se llama Electricidad ---

-- Plataforma en Defensa de la Libertad de Información --

-- Casos Aislados --

La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia

La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia
En el año 1985 un drástico cambio legislativo atribuyó al Parlamento la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

--- Las empresas del IBEX35 bajo lupa ---

El paro y la precariedad no son problemas individuales, son problemas colectivos

-- Jean Ziegler - Vicepresidente de la ONU --

“No puede ser que en un planeta con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación”.

“La hambruna ya es una realidad en las banlieues parisinas y el pueblo español también está sufriendo la pobreza, como el resto de Europa”.

Los teóricos del neoliberalismo, “nos han hecho creer que hoy en día la austeridad es la única política posible, pero sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros.

El neoliberalismo delictivo, “se cura con política”.

----------

-- Compromiso de todos --

-- Olivier de Schutter - Relator de la ONU --

“Con la comida que se tira podrían alimentarse 2.000 millones de personas”

”La mitad del cereal producido en el planeta es para satisfacer la demanda de consumo de carne. Hay un sobreconsumo de carne absolutamente insostenible”

http://esmateria.com/2014/04/25/con-la-comida-que-se-tira-podrian-alimentarse-2-000-millones-de-personas/

----------

-- El beneficio de los alimentos naturales --

*** Parada obligatoria ***